La huelga de hambre de los presos mapuche y el doble discurso del gobierno
Por José Aylwin / Co Director Observatorio Ciudadano
Una veintena de presos mapuche recluidos en diversos centros carcelarios del sur han iniciado en los últimos días una huelga de hambre. Exigen del Estado poner fin a la aplicación de la ley antiterrorista en causas que les involucran así como a su procesamiento por la justicia militar, y la desmilitarización de sus comunidades. Pocos saben que en Chile hoy existen 58 personas mapuche, o simpatizantes de su causa, procesados o condenados por la ley antiterrorista por la reivindicación de sus tierras o de sus derechos políticos. De ellas 5 se encuentran condenadas y 42 en prisión preventiva, en tanto que 11 se encuentran cumpliendo medidas cautelares en libertad. Entre los delitos que se les imputan, o por los que cumplen condena, están los de incendio, homicidio frustrado y lesiones, amenazas, y asociación ilícita, todos ellos con carácter “terrorista”.
Debemos recordar que la ley antiterrorista, aprobada bajo el régimen militar, ha sido aplicada en forma casi exclusiva a los mapuche por casi una década. Dicha ley ha sido cuestionada dado que en ella se establecen tipos penales amplios que posibilitan su aplicación a hechos que nada tiene que ver con terrorismo, y que pueden ser juzgados y sancionados por la legislación penal ordinaria. Ha sido cuestionada además, por cuanto no garantiza el debido proceso al permitir la mantención del secreto de la investigación por largos períodos, la protección de los testigos, dando lugar a la existencia de testigos sin rostro, y al impedir la aplicación de medidas cautelares distintas de la prisión preventiva. También lo ha sido por la elevada penalidad que establece, la que duplica en varios casos aquella establecida en la legislación ordinaria.
Esta realidad ha sido representada por diversas instancias de DDHH de la ONU, incluyendo el Consejo de Derechos Humanos que nuestro país integra (2009), los que lo han instado al Estado chileno a revisar la aplicación de esta ley a los mapuche por hechos de protesta social, y a reformarla de modo de eliminar los tipos penales abiertos que contiene que hacen posible su aplicación arbitraria.
Otro hecho que ha sido cuestionado desde la perspectiva de los derechos humanos es la intervención de la justicia militar en algunos de los procesos que se siguen en contra de los mapuche por hechos de protesta social. La necesidad de que el Estado chileno reforme el Código de Justicia Militar, limitando la jurisdicción de los tribunales militares al enjuiciamiento de personal militar acusado de delitos de carácter militar, fue representada a Chile por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia en el caso Palamara Ibarne v. Chile (2005). Lamentablemente a la fecha, dicha reforma sigue sin materializarse.
La militarización de las comunidades mapuche involucradas en conflictos de tierras también ha concitado preocupación internacional. Solo el año pasado la UNICEF llamó la atención por los impactos adversos que la presencia masiva de las policías, así como su actuar abusivo, generaron en niños y niñas de diversas comunidades de la Araucanía, entre ellas Temucuicui y Rofue.
Esta huelga de hambre de los presos mapuche es la primera que enfrenta Piñera como presidente. Los mensajes que ha dado su gobierno en relación a ella, hasta ahora, no son muy auspiciosos. Pocos días antes de su inicio el propio Piñera anunció el endurecimiento de la política de seguridad pública, proponiendo, entre otras medidas, la reforma a la ley antiterrorista para agravar las penas por los delitos que considera y para favorecer la delación. Tales anuncios desoyen las recomendaciones de los órganos internacionales ante referidos, dejando en evidencia que su compromiso con los derechos humanos no pasa de ser meramente discursivo.
El inicio de la huelga de hambre, además, coincide en el tiempo con la liberación de los presos políticos en Cuba, hecho por cierto valorable, que ha sido celebrado por diversos personeros de gobierno y de oposición. Curiosamente, quienes aplauden esta medida, mantienen hasta ahora silencio respecto a la situación de los mapuche encarcelados por la aplicación de legislación antiterrorista, quienes, bien pueden considerarse como presos políticos, en la medida ello es consecuencia de una opción política del Estado chileno para perseguir su responsabilidad en hechos que, si bien en ocasiones pueden ser delictivos, pueden ser investigados y sancionados en base a la legislación ordinaria existente en el país.
El doble estándar del gobierno de Piñera, así como de personeros de la que hoy es la oposición, que en el pasado desde el gobierno también usó de esta ley para perseguir la protesta social mapuche, es patético. Habla mal de la clase política chilena.
Roxana
